Noticias publicadas los últimos meses en los medios de comunicación se han hecho eco de la investigación puesta en marcha por la Asociación de Empresas gestoras de Residuos y Recursos Especiales, ASEGRE, sobre las supuestas malas prácticas de la empresa gestora de Chiloeches (Guadalajara), que han puesto sobre la mesa uno de los grandes problemas del sector: las malas prácticas en la gestión realizada por algunas empresas, que, según ASEGRE, es una consecuencia del deficiente control por parte de las autoridades, la escasa entidad de las medidas coercitivas y la inexistencia de responsabilidad de productores de residuo.

Además de una investigación privada, ASEGRE presentó sendas denuncias ante las conserjerías de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, en las que relató una serie de operaciones ilegales llevadas a cabo en la planta de reciclaje de Chiloeches, entre las que se encuentran la mezcla de residuos peligrosos con otros que no lo son, y el traslado y depósito de la mezcla a vertederos de residuos de construcción y demolición no autorizados para aceptar desechos industriales, y mucho menos, peligrosos. Saltándose las normas de esta manera, la empresa podía ofertar el trabajo a precios mucho más baratos (hasta 10 veces más baratos), suponiendo así un evidente caso de competencia desleal.

Luis Palomino, secretario general de la Asociación, asegura que el problema no es la normativa sobre gestión de residuos, sino los controles que dependen de las comunidades autónomas y que “facilitan” que algunas empresas puedan saltarse la normativa de una forma “relativamente sencilla”. En este sentido, reclama un cambio de legislación de forma que, ante cualquier irregularidad, se impute y sancione no sólo a las plantas de residuos que presenten irregularidades sino también a los que deciden almacenar allí sus residuos.

SOLOGAS, por su parte, se suma a las denuncias y a las demandas realizadas por ASEGRE, y recuerda además que esta situación redunda en la mala reputación del sector, por lo que es fundamental que los productores se aseguren del cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.